Dentro de este marco, la Coordinadora ha llevado a cabo diversas acciones legales. Entre ellas se incluyen los recursos contenciosos administrativos para impugnar el reglamento de asilo, debido a su incumplimiento de la trasposición de una Directiva europea y la vulneración de derechos de las entidades del sector migratorio, así como el vaciado de competencias en materia de derechos para la población solicitante de asilo y refugio. También se ha promovido la impugnación de la orden de bases de la convocatoria del 0,7% Estatal correspondiente al ejercicio 2021, y del perte de desinstitucionalización por vulnerar plazos que garantizan la viabilidad de la presentación. Adicionalmente, se ha impugnado la convocatoria derivada de las ayudas del 0,7% del IRPF del ejercicio 2021, a ejecutar en 2022.